Este es el plan de Trump para controlar las protestas con la Fuerza Armada

El presidente Donald Trump podría invocar una ley histórica, la Ley de Insurrección de 1807, que le concede la facultad de desplegar al ejército de EE. UU. en la frontera sur. Esta legislación le permitiría ordenar a las tropas federales colaborar con las autoridades locales para implementar sus políticas, especialmente en temas de inmigración y control de disturbios.

Aunque rara vez se ha utilizado, la Ley de Insurrección de 1807 autoriza al presidente a movilizar fuerzas federales para intervenir en grandes protestas o disturbios civiles. Esta norma ha sido aplicada en situaciones de desorden interno para restaurar el orden y garantizar la seguridad pública, lo que genera debate sobre su uso en la actualidad.

La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales o la Guardia Nacional para sofocar insurrecciones o disturbios civiles. Originalmente creada para abordar rebeliones en territorios estadounidenses, esta ley ha sido invocada en varias ocasiones a lo largo de la historia para controlar levantamientos y mantener el orden en situaciones de emergencia interna.

La ley otorga al presidente una autoridad excepcional en tiempos de crisis, permitiéndole intervenir directamente en situaciones que se consideren fuera del control de las autoridades locales. A pesar de ser una herramienta de última instancia, su implementación puede significar el uso de la fuerza militar en el suelo estadounidense, lo que plantea serias cuestiones sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles.

La Ley de Insurrección de 1807 no es una única legislación, sino un conjunto de leyes aprobadas entre 1792 y 1871 que regulan el uso del ejército en Estados Unidos. Estas leyes permiten que el presidente despliegue tropas federales o de la Guardia Nacional dentro del país para hacer frente a situaciones como rebeliones, disturbios civiles o el incumplimiento de la ley.

Estas disposiciones funcionan como una excepción a la Ley Posse Comitatus, que usualmente prohíbe el uso de fuerzas militares federales o la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes civiles. Sin embargo, cuando se invoca la Ley de Insurrección, se suspende temporalmente la aplicación de la Ley Posse Comitatus, permitiendo que el presidente utilice las fuerzas armadas para intervenir en casos de crisis interna.