¡INAUDITO! 90% de los enviados a El Salvador no contaban con cargos criminales en Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump ha deportado a cientos de migrantes a El Salvador, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que otorga al presidente amplias facultades para expulsar a personas consideradas amenazas durante tiempos de guerra. Esta ley, promulgada originalmente en 1798, ha sido aplicada en este contexto para acelerar las deportaciones de migrantes acusados de pertenecer a organizaciones consideradas terroristas. ​

Según el medio Bloomberg News, de los migrantes deportados, aproximadamente el 90% no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. La administración reconoció que "muchos" de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían registros criminales en el país. Sin embargo, argumentaron que la ausencia de antecedentes no implicaba que no representaran un riesgo, sugiriendo que la falta de información específica sobre cada individuo destacaba la necesidad de su deportación. ​

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colaboró en la recepción de estos deportados, mostrando en redes sociales imágenes del traslado de los migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en el país. Esta colaboración ha sido elogiada por funcionarios estadounidenses, destacando la fortaleza en seguridad del mandatario salvadoreño.

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado controversia, especialmente porque fue diseñada en el contexto de conflictos bélicos pasados y no necesariamente para situaciones de migración masiva. Críticos advierten que su uso podría sentar un precedente peligroso, permitiendo al presidente designar a cualquier grupo como "enemigos extranjeros" y deportarlos sin el debido proceso judicial. ​

Además, se han presentado desafíos legales, con jueces federales cuestionando la legalidad de estas deportaciones. Por ejemplo, un juez ordenó que los aviones de deportación regresaran, pero la Casa Blanca procedió con las expulsiones, argumentando que la orden judicial llegó cuando los vuelos ya habían partido.

Este enfoque ha sido respaldado por algunos sectores que consideran prioritario combatir el crimen organizado y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por presuntamente vulnerar derechos fundamentales y el debido proceso de los migrantes afectados.