¡DURO golpe a Trump! Gobierno es ACUSADO de desacato judicial por deportación de inmigrantes a El Salvador

Este miércoles 16 de abril, un juez federal declaró a la Administración Trump de desacato judicial tras ignorar orden, y deportar a más 200 inmigrantes a El Salvador. En un escrito de más de 40 páginas, James Boasberg acusó al gobierno del republicano de menospreciar este dictamen.

"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", mencionó Boasberg en su declaración contra el gobierno de Trump. La anulación de fallos judiciales por parte del gobierno "convierte en una burla a la propia Constitución", añadió el juez.

El 14 de marzo, el presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1778 para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua y el MS-13. Al día siguiente, Boesberg evitó el vuelo de dos aviones cargado de inmigrantes con rumbo a Centroamérica, y los regresó a Estados Unidos.

Asimismo, en los siguientes días, se formó un ambiente tenso entre el ejecutivo y el poder judicial. Más aún con las últimas declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio y los propios voceros de la Casa Blanca señalando a los inmigrantes como "terroristas" e ignorar las decisiones provenientes de los tribunales.

La orden de desacato de Boasberg toma fuerza con el pasar de los días ya que distintos medios de comunicación demostraron que parte de deportados no tenían antecedentes penales. Sobre todo, por el caso de Kilmar Abrego, un padre de familia que fue deportado por error y no tendrá opciones de regresar a Estados Unidos a pesar de que el Gobierno de Trump admitiera su error.

Sin embargo, con el acuerdo entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y Donald Trump estos inmigrantes fueron trasladados arbitrariamente a CECOT, una prisión caracterizada por diversas denuncias de abuso. Por otro lado, la ONG Human Rights Watch publicó un informe en la última semana donde mencionó abusos por parte de los gobiernos de EE. UU. y El Salvador.