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Golpe para Trump: ¿de qué trata la Ley de Procedimiento Administrativo y cómo salvaría a la Universidad de Harvard?

La Universidad de Harvard evalúa utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) para defenderse de las acciones del presidente Trump.

Harvard, en su demanda contra la administración Trump, argumenta que la congelación de fondos fue un acto arbitrario que violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Harvard, en su demanda contra la administración Trump, argumenta que la congelación de fondos fue un acto arbitrario que violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). | Foto: composición Diego Morales/Libero

La Universidad de Harvard podría tener un as bajo la manga para enfrentar las recientes acciones impulsadas por Donald Trump: la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Esta legislación federal, poco conocida fuera del ámbito jurídico, podría convertirse en la principal herramienta para defenderse de decisiones consideradas arbitrarias o motivadas políticamente.

En medio de la creciente tensión entre el presidente y la prestigiosa universidad, expertos señalan que Harvard recurriría a la APA para desafiar en tribunales cualquier intento de sanción, restricción de fondos o intervención que considere injustificada. El enfrentamiento entre ambas partes refleja una nueva batalla política en la que el mundo académico busca proteger su autonomía frente a posibles presiones gubernamentales.

Ley de Procedimiento Administrativo: el plan B de Harvard

Harvard, en su demanda contra la administración Trump, argumenta que la congelación de fondos fue un acto arbitrario que violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no ofrecer aviso previo ni oportunidad de defensa. Esta ley, creada después de la Segunda Guerra Mundial, establece que todas las decisiones gubernamentales deben estar justificadas, basadas en evidencia y razonamiento, y debe garantizar la transparencia y los derechos de las partes afectadas. Las principales bases de la ley son las siguientes:

  • Transparencia: Las agencias deben publicar sus normas, procedimientos y decisiones en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno.
  • Derecho a ser escuchado: En procesos que afecten derechos o intereses, las partes pueden presentar pruebas y argumentos antes de una decisión final.
  • Prohibición de acciones arbitrarias: Los tribunales pueden anular cualquier medida gubernamental que sea “arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción o que, de otro modo, no se ajuste a la ley”.

Continúan las tensiones entre Trump y la Universidad de Harvard

El gobierno de Trump anunció recientemente la suspensión de 2.200 millones de dólares en fondos destinados a investigaciones médicas y científicas en Harvard. Esta medida fue tomada horas después de que la universidad se negara a firmar una carta comprometiéndose a implementar cambios en sus políticas contra la discriminación, lo que ha incrementado las tensiones entre ambas partes. Por ello, la universidad basó su demanda bajo los siguientes términos:

  • Violación del debido proceso: La APA exige que las sanciones vengan precedidas de una notificación y oportunidad de rectificación. Harvard sostiene que el gobierno omitió este paso.
  • Falta de conexión lógica: La universidad argumenta que congelar fondos de investigación para presionar por medidas contra el antisemitismo no guarda relación con el propósito de esos recursos.
  • Daño irreparable: Harvard advierte que proyectos críticos, como estudios sobre cáncer y avances en energía limpia, podrían verse truncados sin esos fondos.
Diego Morales

Diego Manuel Morales, egresado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2022), nació en Lima en 2000. Con experiencia en La República y Líbero, escribe sobre inmigrantes latinos y temas sociales en EE.UU.

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