La CLAVE de Trump para ejecutar su política de migración y represalias

Con su elección de Pam Bondi como nueva secretaria de Justicia, el presidente electo Donald Trump no solo ha encontrado a una aliada leal y estratega mediática, sino también a una litigante firme conocida por su defensa de causas conservadoras en los tribunales. Aunque Trump se caracteriza por sus decisiones poco convencionales, Bondi representa una opción más tradicional para liderar el Departamento de Justicia en comparación con Matt Gaetz, quien se retiró tras una semana de intenso escrutinio tanto de demócratas como de republicanos.

El ascenso de Bondi en el sistema legal de Florida y su lealtad a Trump la posicionan como una figura clave para implementar sus políticas sobre inmigración, salud reproductiva y represalias políticas. Dentro del Departamento de Justicia, su nombramiento fue recibido con alivio, especialmente por aquellos empleados que estaban preocupados por la llegada de Gaetz, debido a sus problemas éticos y legales.

A pesar de la selección de Bondi, los empleados del Departamento de Justicia se preparan para posibles cambios significativos, ya que Trump planea reformar la institución después de años de investigaciones que, según él, fueron injustas y politizadas. Algunos empleados sugieren que, con Gaetz fuera de la ecuación, los abogados conservadores que han servido en administraciones republicanas previas estarán dispuestos a regresar para colaborar con la nueva administración.

Los empleados esperan que Bondi y Todd Blanche, su designado secretario adjunto, puedan reclutar a más abogados con experiencia en el Departamento y equilibrar la independencia judicial con la implementación de las políticas del presidente. A lo largo de su carrera, Bondi no ha dudado en criticar al Departamento de Justicia. En una aparición televisiva en agosto de 2023, expresó que "los fiscales serán procesados, los malos", y que "el estado profundo", que según ella se ocultaba durante el primer mandato de Trump, ahora estaría bajo vigilancia y podría ser investigado.

Durante más de una década como fiscal estatal, Bondi se encargó de varios casos de gran notoriedad, incluyendo el del exlanzador de los Mets de Nueva York, Dwight Gooden, quien en 2006 fue condenado a un año de prisión por violar su libertad condicional al consumir cocaína. En 2011, Bondi fue elegida fiscal general de Florida, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Nick Cox, uno de los principales fiscales de Bondi en el estado, quien la conoce desde sus días en la universidad, la describió como "efusiva" y "amable", pero advirtió que si alguien la contrariaba en la corte, "mejor que se aleje". Cox, quien habló con Bondi tras su nominación, comentó que ella estaba "muy emocionada" y destacó que no cree que Bondi "cruzaría la línea" para presentar cargos con fines políticos. Afirmó que en temas de procesamiento penal, no hay motivo para preocupación.

Por su parte, Dave Aronberg, fiscal del condado Palm Beach y excolaborador de Bondi, afirmó que, aunque ella llevará a cabo las políticas de Trump con lealtad, tratará a los empleados del Departamento de Justicia de manera justa y no violará la ley para atrapar a los enemigos del presidente. Sin embargo, anticipó que Bondi podría ordenar más investigaciones especiales como las realizadas por el abogado John Durham, quien investigó posibles irregularidades en la pesquisa del FBI sobre Trump y Rusia.

Aunque sus casos frecuentemente abordaban temas controvertidos, Bondi también fue noticia debido a sus movimientos políticos, volviéndose cada vez más partidista durante sus dos mandatos. En 2013, fue criticada por persuadir al gobernador Rick Scott para que pospusiera una ejecución, ya que coincidía con una recaudación de fondos para su campaña de reelección, aunque más tarde se disculpó por ello.

Ese mismo año, la fundación de Trump realizó una donación de 25,000 dólares al comité de acción política de Bondi durante su reelección, una contribución que los demócratas luego vincularon con la decisión de Bondi de abandonar una investigación por fraude relacionada con la Universidad Trump. No obstante, un panel de ética de Florida exoneró a Bondi de cualquier irregularidad en este caso.

Después de dejar su cargo como fiscal general de Florida en 2019, Bondi trabajó en Ballard Partners, una firma de cabildeo con estrechos lazos con Trump y su jefa de personal entrante, Susie Wiles. En esta firma, representó a Qatar entre 2019 y 2020, según documentos presentados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, donde ayudó en la lucha contra la trata de personas. Además, ha presionado en nombre de grandes corporaciones como Amazon, General Motors y Uber.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, Bondi se convirtió en una de las principales aliadas de Florida para la campaña de Trump, y su apoyo al presidente electo se ha mantenido firme. Cuando Trump enfrentó su primer juicio político, Bondi se unió al equipo de defensa en el Senado y acusó, sin pruebas, a Joe Biden, en ese entonces ciudadano privado, de tener vínculos corruptos con su hijo Hunter.

Volvió a atacar a los Biden en la Convención Nacional Republicana de 2020, promoviendo teorías infundadas sobre fraude electoral. Afirmó, por ejemplo, que se estaban contando "papeletas falsas" en Pensilvania después de la derrota de Trump en su segundo intento por la presidencia, insistiendo en que "sí tenemos pruebas de fraude" y declarando: "no nos moveremos hasta que declaren que ganamos Pensilvania."

Actualmente, Bondi es presidenta del Centro de Litigios del America First Policy Institute, pro-Trump, donde lidera la lucha contra la "militarización" del Departamento de Justicia. Además, ha expresado en repetidas ocasiones en los medios su preocupación por el enfoque del Departamento de Justicia en casos políticos, como los que afectan a Trump, en lugar de centrarse en los crímenes violentos.