¡Donald Trump en la mira! Organizaciones lo demandan para frenar deportaciones de inmigrantes con Parole Humanitario

La política migratoria de Donald Trump enfrenta un nuevo y contundente desafío legal. Tres influyentes organizaciones de derechos humanos han presentado una demanda en los tribunales de Washington D.C. para bloquear la expulsión masiva de inmigrantes indocumentados.

El foco está puesto en ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, quienes habían obtenido el Parole Humanitario, un permiso que la administración del jefe de Estado ha revocado abruptamente. Ahora, estos inmigrantes han recibido la orden de abandonar Estados Unidos antes de abril o enfrentar la deportación.

Según El País, un día antes de que el Gobierno oficializara la eliminación del Parole Humanitario, la coalición de organizaciones llevó su caso ante los tribunales de distrito en la capital estadounidense. La medida afecta a unos 530.000 inmigrantes, que de la noche a la mañana han quedado sin protección frente a la deportación.

Patrick Lawrence, representante de UndocuBlack, condenó la decisión, calificándola como una amenaza para la democracia y un acto discriminatorio, especialmente contra la comunidad negra y haitiana. Los demandantes argumentan que la estrategia del Gobierno de aplicar expulsiones aceleradas es ilegal, ya que permite deportaciones sin el debido proceso ni la posibilidad de defenderse ante un juez.

Esta política, tradicionalmente utilizada para repatriar a inmigrantes recién llegados a la frontera, ha sido extendida por Trump a nivel nacional desde el 21 de enero, afectando a cualquier persona con menos de dos años en territorio estadounidense.

Sin embargo, los abogados de la demanda insisten en que esta medida no debe aplicarse a quienes fueron beneficiados con un Parole Humanitario, pues este permiso se otorgó bajo criterios legales y su revocación pone en peligro a miles de familias.

El Parole Humanitario no es una estrategia nueva; ha sido utilizada por múltiples administraciones desde la presidencia de Dwight Eisenhower, cuando permitió la entrada de 30.000 refugiados húngaros. A lo largo de la historia, se ha implementado en 125 ocasiones por gobiernos tanto demócratas como republicanos, y recientemente, la administración de Joe Biden lo empleó para acoger a más de 200.000 ucranianos tras la invasión rusa.

Este mecanismo también fue clave para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur de EE.UU. Bajo la administración anterior, se concedió el Parole Humanitario a venezolanos y, posteriormente, se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses. A través de la aplicación CBP One, estos inmigrantes lograron obtener un estatus legal.

Sin embargo, con la llegada de Trump al poder, todo cambió. La revocación de este programa ha dejado a miles de personas sin opciones y en riesgo de ser deportadas. La única alternativa que actualmente ofrece la aplicación CBP One es la autodeportación, lo que ha generado una creciente incertidumbre entre quienes confiaban en el proceso.

En lugar de ofrecer soluciones, la nueva política de Trump parece enfocada en rastrear y expulsar a estos inmigrantes, aumentando el temor y la persecución dentro de la comunidad. Ahora, la batalla se traslada a los tribunales, donde estas organizaciones buscan frenar una medida que podría cambiar el destino de más de medio millón de personas